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miércoles, 14 de diciembre de 2011
martes, 12 de julio de 2011
Los bous al carrer se disparan en 2011
Aumentan en un 36,9% el número de festejos de 'bous al carrer' autorizados por el Consell hasta junio
La Generalitat valenciana ha autorizado entre enero y junio un total de 1.313 festejos de 'bous al carrer' en la Comunitat, lo que supone un incremento en las autorizaciones del 36,9% respecto al mismo periodo del año pasado, en el que de enero a junio se contabilizaron 959 festejos.
Así lo ha señalado la secretaria autonómica de Gobernación, Asunción Quinzá, en un comunicado, en el que ha detallado que la distribución provincial de los festejos es de 672 bous al carrer en Castellón , 519 en Valencia y 122 en la provincia de Alicante .
En este sentido, Quinzá ha subrayado "la buena salud" de la que estos festejos gozan en la Comunitat, ya que "pese a la coyuntura económica, se han incrementado respecto al pasado año en unos meses en los que aún no han tenido lugar todas las festividades de los municipios del territorio valenciano ".
Además, ha señalado que el mundo de los festejos taurinos genera al año un volumen económico de más 184 millones de euros en la Comunitat Valenciana y centenares de puestos de trabajo.
Por ello, Quinzá ha resaltado que las estadísticas "demuestran lo que la calle y la gente quiere" y que cada año se celebran más de 6.000 festejos en la Comunitat Valenciana , lo que la convierte en "una fiesta muy arraigada y vertebrada a lo largo y ancho de las tres provincias". En este sentido, ha recordado que el Consell está tramitando la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) los 'bous al carrer' y las corridas de toros.
Asimismo, ha destacado que en la región se busca conseguir el equilibrio entre la diversión y las garantías de seguridad para el buen desarrollo de los festejos a través de un Decreto de Bous al Carrer "muy completo y exigente".03.07.11 - 16:32 -
EUROPA PRESS VALENCIA
La Generalitat valenciana ha autorizado entre enero y junio un total de 1.313 festejos de 'bous al carrer' en la Comunitat, lo que supone un incremento en las autorizaciones del 36,9% respecto al mismo periodo del año pasado, en el que de enero a junio se contabilizaron 959 festejos.
Así lo ha señalado la secretaria autonómica de Gobernación, Asunción Quinzá, en un comunicado, en el que ha detallado que la distribución provincial de los festejos es de 672 bous al carrer en Castellón , 519 en Valencia y 122 en la provincia de Alicante .
En este sentido, Quinzá ha subrayado "la buena salud" de la que estos festejos gozan en la Comunitat, ya que "pese a la coyuntura económica, se han incrementado respecto al pasado año en unos meses en los que aún no han tenido lugar todas las festividades de los municipios del territorio valenciano ".
Además, ha señalado que el mundo de los festejos taurinos genera al año un volumen económico de más 184 millones de euros en la Comunitat Valenciana y centenares de puestos de trabajo.
Por ello, Quinzá ha resaltado que las estadísticas "demuestran lo que la calle y la gente quiere" y que cada año se celebran más de 6.000 festejos en la Comunitat Valenciana , lo que la convierte en "una fiesta muy arraigada y vertebrada a lo largo y ancho de las tres provincias". En este sentido, ha recordado que el Consell está tramitando la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) los 'bous al carrer' y las corridas de toros.
Asimismo, ha destacado que en la región se busca conseguir el equilibrio entre la diversión y las garantías de seguridad para el buen desarrollo de los festejos a través de un Decreto de Bous al Carrer "muy completo y exigente".03.07.11 - 16:32 -
EUROPA PRESS VALENCIA
La provincia de Castellón celebra 672 'bous al carrer' entre los meses de enero y junio
La Generalitat valenciana ha autorizado entre enero y junio un total de 1.313 festejos de 'bous al carrer' en la Comunidad, lo que supone un incremento en las autorizaciones del 36,9% respecto al mismo periodo del año pasado, en el que de enero a junio se contabilizaron 959 festejos.
Así lo ha señalado la secretaria autonómica de Gobernación, Asunción Quinzá, en un comunicado, en el que ha detallado que la distribución provincial de los festejos es de 672 bous al carrer en Castellón, 519 en Valencia y 122 en la provincia de Alicante.
En este sentido, Quinzá ha subrayado "la buena salud" de la que estos festejos gozan en la Comunitat, ya que "pese a la coyuntura económica, se han incrementado respecto al pasado año en unos meses en los que aún no han tenido lugar todas las festividades de los municipios del territorio valenciano".
Además, ha señalado que el mundo de los festejos taurinos genera al año un volumen económico de más 184 millones de euros en la Comunidad Valenciana y centenares de puestos de trabajo.
Por ello, Quinzá ha resaltado que las estadísticas "demuestran lo que la calle y la gente quiere" y que cada año se celebran más de 6.000 festejos en la Comunitat Valenciana, lo que la convierte en "una fiesta muy arraigada y vertebrada a lo largo y ancho de las tres provincias". En este sentido, ha recordado que el Consell está tramitando la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) los 'bous al carrer' y las corridas de toros.
Asimismo, ha destacado que en la región se busca conseguir el equilibrio entre la diversión y las garantías de seguridad para el buen desarrollo de los festejos a través de un Decreto de Bous al Carrer "muy completo y exigente".
viernes, 10 de septiembre de 2010
El caso INEAS realza la necesidad de contar con fondos de garantía de la UE.
El CCS no responde de las compañías de libre prestación de servicios
La quiebra de la matriz de la aseguradora holandesa lneas ha puesto en el punto de mira, otra vez, la transparencia y la calidad de la información que muchas compañías aseguradoras ofrecen a sus potenciales clientes, y pone de manifiesto la bondad de contar con fondos de garantías, que al igual que sucede con los depósitos bancarios, protejan a los asegurados de la posible quiebra de una aseguradora, que aunque no es habitual, "haberlas haylas, como las meigas".
Y es que, los contratos de seguros son una maraña de cláusulas y letras pequeñas, mínimas y minúsculas, que la mayoría de los consumidores no se toman el tiempo necesario para leer y analizar, quizá porque el tiempo apremia y en los tiempos que corren prima más el precio y la agilidad en contratar la póliza que otros aspectos de la misma.
Y aquí es donde surge el debate: ¿debería la compañía aseguradora que opera en España
bajo el régimen de Libre Prestación de Servicios (LPS) avisar a sus potenciales clientes
de que al no estar sujeta a supervisión por parte de la Dirección General de Seguros en
caso de entrar en un proceso de liquidación no cuentan con el respaldo del Consorcio de
Compensación de Seguros (CCS)? Un apoyo importante, si se tiene en cuenta que, por
poner un ejemplo, si un cliente de Ineas es declarado culpable de un siniestro con daños personales a un tercero, en el caso de que la legislación holandesa no cuente con mecanismos similares a los del mercado español, el cliente de Ineas debe hacerse cargo del pago de las indemnizaciones que correspondan, ya sea con sus bienes actuales o futuros.
Y son muchas las compañías del mercado español que operan bajo este régimen, sobre todo en el ramo de Autos, en el que la competencia brutal y la guerra de precios han sido protagonistas en los últimos meses. Por citar tan sólo algunas, compañías como Balumba, filial del grupo británico Admiral y sujeto a la supervisión británica, Chartis, la antigua AIG Europe, con sede y regulación en Francia o, Zurich Connect, filial de seguro directo de la aseguradora suiza, y sujeta a la regulación y supervisión suiza, operan en el mercado n LPS.
Visto lo visto, y para que los consumidores sean conscientes del riesgo que toman a la
hora de contratar un seguro, la reforma de la Ley de Contrato de Seguro, en su afán por elevar la transparencia de las relaciones de los consumidores del sector, debería instar a especificar esta circunstancia a sus clientes. Hasta que la Unión Europea consolide su proyecto de crear un fondo de garantía, similar al Consorcio de Compensación, para aumentar la protección de los ciudadanos antes las consecuencias de la crisis financiera.
NEGOCIO y Estilo de Vida. 06/09/2010 Sección: Finanzas. Página 10
Y es que, los contratos de seguros son una maraña de cláusulas y letras pequeñas, mínimas y minúsculas, que la mayoría de los consumidores no se toman el tiempo necesario para leer y analizar, quizá porque el tiempo apremia y en los tiempos que corren prima más el precio y la agilidad en contratar la póliza que otros aspectos de la misma.
Y aquí es donde surge el debate: ¿debería la compañía aseguradora que opera en España
bajo el régimen de Libre Prestación de Servicios (LPS) avisar a sus potenciales clientes
de que al no estar sujeta a supervisión por parte de la Dirección General de Seguros en
caso de entrar en un proceso de liquidación no cuentan con el respaldo del Consorcio de
Compensación de Seguros (CCS)? Un apoyo importante, si se tiene en cuenta que, por
poner un ejemplo, si un cliente de Ineas es declarado culpable de un siniestro con daños personales a un tercero, en el caso de que la legislación holandesa no cuente con mecanismos similares a los del mercado español, el cliente de Ineas debe hacerse cargo del pago de las indemnizaciones que correspondan, ya sea con sus bienes actuales o futuros.
Y son muchas las compañías del mercado español que operan bajo este régimen, sobre todo en el ramo de Autos, en el que la competencia brutal y la guerra de precios han sido protagonistas en los últimos meses. Por citar tan sólo algunas, compañías como Balumba, filial del grupo británico Admiral y sujeto a la supervisión británica, Chartis, la antigua AIG Europe, con sede y regulación en Francia o, Zurich Connect, filial de seguro directo de la aseguradora suiza, y sujeta a la regulación y supervisión suiza, operan en el mercado n LPS.
Visto lo visto, y para que los consumidores sean conscientes del riesgo que toman a la
hora de contratar un seguro, la reforma de la Ley de Contrato de Seguro, en su afán por elevar la transparencia de las relaciones de los consumidores del sector, debería instar a especificar esta circunstancia a sus clientes. Hasta que la Unión Europea consolide su proyecto de crear un fondo de garantía, similar al Consorcio de Compensación, para aumentar la protección de los ciudadanos antes las consecuencias de la crisis financiera.
NEGOCIO y Estilo de Vida. 06/09/2010 Sección: Finanzas. Página 10
Los 'bous al carrer' acusan la crisis
El número de festejos cae un 17% y más del doble la cantidad de heridos
En 2009 se celebraron un total de 5.289 festejos taurinos callejeros
La cantidad de festejos de "bous al carrer" que se han celebrado entre enero y julio en la Comunitat Valenciana ha descendido un 17% respecto al mismo periodo de 2009, de 193 a 160, si bien el porcentaje de heridos ha caído más del doble (un 36%), de 182 a 116.
Según han confirmado fuentes de la Conselleria de Gobernación, la provincia de Valencia es la única en la que se ha registrado un incremento (del cinco por ciento) en este número de espectáculos, habiéndose celebrado este año 57 por los 54 de 2009.
Durante los siete primeros meses de este año se han celebrado veintidós festejos en la provincia de Alicante (35 el año pasado) y 81 en Castellón (104 en 2009), lo cual supone sendos descensos porcentuales del 37 y del 22 por ciento.
Además, hasta el momento se han registrado 47 heridos en la provincia de Alicante (57 el año pasado), quince en Castellón (33) y 54 en Valencia (92).
El descenso en el número de heridos ha sido generalizado en las tres provincias (del 36%), aunque destaca la bajada que se produjo en Castellón, que a pesar de ser la provincia en la que más festejos se han celebrado (81 en lo que va de año) también es en la que menos heridos se han producido (quince), con un descenso del 54% respecto a 2009.
Menos en Alicante
En la provincia de Alicante sucede justo al revés, ya que con 22 festejos en lo que va de año es la provincia en la que menos actos de este tipo se han celebrado, y con 47 heridos también es la zona en la que menos ha bajado el número de heridos (un 17%).
Por lo que respecta a la cantidad de fallecidos en este tipo de festejos, 2009 se saldó con un total de tres víctimas mortales, mientras que durante los siete primeros meses de este año se ha producido una, la registrada en Godella (Valencia) el pasado 1 de agosto y que motivó la suspensión de los festejos taurinos.
Según informó recientemente el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, el año pasado se celebró un total de 5.289 festejos taurinos callejeros en la Comunitat Valenciana, de los que la mayoría consistió en la suelta de vaquillas (2.591) y el "toro embolado" (1.440).
Esta cantidad supuso un descenso del 14% respecto a los celebrados el año anterior (2008) justificado principalmente por la crisis económica, según explicó Castellano, aunque también descendió el número de heridos en un 38% y el de muertos en una cuarta parte.
EL MUNDO.ES Comunidad Valenciana. Jueves 19/08/2010
viernes, 3 de septiembre de 2010
¡Por fin!: Entran en vigor las medidas contra la morosidad y para mejorar la liquidez
"Por unanimidad y definitivamente el Congreso de los Diputados aprobó la reforma de la Ley de Morosidad que establece que a partir de 2013 los pagos entre empresas se cifrará en 60 días mientras que las distintas administraciones deberán hacer efectivos los pagos a sus proveedores de mercancías y servicios en los 30 días siguientes. Al mismo tiempo los autónomos y las pymes ya pueden solicitar los prestamos del Instituto de Crédito Oficial que el propio ICO concede directamente hasta un límite de 200.000 euros, un instrumento que el Gobierno considera que es imprescindible para que las empresas consigan liquidez.
Morosidad y liquidez, dos años después de que comenzara la crisis económica, siguen siendo los principales problemas que tienen que afrontar las pequeñas y medianas empresas y que han sido la causa de la desaparición de la mayor parte de ellas en este tiempo
En el caso de la Ley de Morosidad aprobada definitivamente por el Congreso tras las enmiendas introducidas en el Senado, y para las Administraciones Públicas, se establece un período transitorio para que se reduzca el plazo de pago a las empresas: a 55 días desde su entrada en vigor; a 50 días desde el 1 de enero de 2011; a 40 días en 2012, y a 30 días en 2013.
Mientras tanto, en el sector privado los plazos para realizar los pagos serán los siguientes: 85 días desde la entrada en vigor de la reforma; en 75 días a partir de enero de 2012, y en 60 días a partir de enero de 2013.
En todos los casos, el plazo para realizar los pagos comenzará a contar a partir de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, y no desde la fecha de emisión de la factura.
La ley contiene dos aspectos importantes para las pymes, la primera, que la los pagos de productos de alimentación frescos y perecederos no excederán en ningún caso los 30 días; y la segunda, que la ley será de aplicación a todos los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor y los contratos ya firmados deberán ser adaptados en un plazo de tres meses.
Otro aspecto muy relevante en este mismo sentido es que se suprime la alternativa de pacto entre las partes, una posibilidad que ha sido aprovechada hasta ahora por las grandes empresas para alargar los plazos de pago, siendo generalmente las pymes las empresas más perjudicadas. Si no se hubiera introducido esa cautela en la ley se habría desvirtuado su efecto por cuanto las pymes sufren en buena parte en sus balances por la decisión de las empresas potentes a las que prestan sus servicios que establecen a veces condiciones leoninas a sus proveedores dada su facilidad para cambiarlos dada la situación del mercado.
La norma establece procedimientos para hacer efectivas las deudas de los poderes públicos, la obligatoriedad de informes periódicos y un nuevo registro de facturas en las Administraciones locales. En esta dirección, y fue una de las principales enmiendas introducidas en el Senado para rebajar la morosidad de las administraciones públicas con las pymes, especialmente la local, es el mandato para que en el plazo de 30 días el Gobierno instrumente a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), una línea de crédito directa para entidades locales para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010."
EN PORTADA EN LA REVISTA TODO PYME SOLUCIONES EMPRESARIALES 20-07-2010
Juan José Boix Forteza empresario y gerente de la Corruduría BOIX Brokers Consultores y de la Web Mercaseguros.com considera que esta medida sería muy buena y hubiera servido para reactivar la actividad empresarial siempre y cuando los plazos de aplicación de la misma hubiesen sido mucho más cortos.
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